Ley aportes a cooperación pública y privada. Columna de Luis Eduardo Bresciani


Todos aspiramos a mejorar la calidad de vida de nuestros barrios y ciudades. Aunque en las últimas décadas la inversión pública y privada ha elevado los estándares urbanos, también se ha acrecentado, en muchos casos, un clima de desconfianzas entre vecinos, empresas y autoridades, surgido de los efectos negativos e impacto que los proyectos de construcción generan sobre los barrios y ciudades donde se emplazan, lo que ha afectado la búsqueda de acuerdos urbanos permanentes validados por la comunidad. La causa de este clima no son solo los proyectos conflictivos o mal diseñados, sino que radica en la debilidad de los instrumentos que disponen las comunas y las metrópolis para planificar mejor el desarrollo urbano y distribuir en forma justa los beneficios del desarrollo urbano. La buena noticia es que esto podría cambiar a partir del 2018. La reciente aprobación en octubre del 2016 de llamada "Ley de Aportes al Espacio Público" podría ser el primer paso para la construcción acuerdos urbanos estables y vinculantes, que transformen el crecimiento y la renovación urbana en símbolo de calidad de vida y no de lo contrario, como ocurre hoy en muchas comunidades.


En términos simples, a partir de fines del próximo año esta ley permitirá a los municipios exigir a todos los proyectos de construcción que requieren permisos, obras urbanas de mitigación directas para infraestructura de movilidad y aportes a un fondo municipal para materializar un Plan Comunal o Intercomunal de Inversión en Infraestructuras de Movilidad y Espacios Públicos. Es decir, aquellos municipios que tengan aprobado este plan a fines del 2018 podrán destinar estos fondos privados a la construcción de nuevos parques, espacios peatonales, ciclovías o avenidas. Estos cambios legales a la planificación urbana representan una verdadera revolución que pocos han dimensionado. Hasta antes de esta ley los planes reguladores solo otorgaban "derechos" de construcción a los propietarios, lo que se traducían en beneficios privados y costos públicos. Por primera vez en la historia, estos planes tendrán "deberes" asociados a los bienes públicos y el mejoramiento de la ciudad. Ello podría sentar las bases, no solo para una planificación urbana más integral, sino que para construir una nueva etapa de confianzas y cooperación público-privado-sociedad civil, que reimpulse el desarrollo sustentable en nuestras ciudades.


Fuente: Diario El Llanquihue


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